FUNDAMENTOS. LA
PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
(Leer además Mitos y realidades sobre la re-reelección y la reforma
constitucional)
FUNDAMENTOS. LA
PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
Septiembre de 2012
Para abordar la cuestión Constitucional el presente documento de
Plataforma 2012 propone reflexionar sobre cuatro áreas fundamentales que pueden
ser resumidas en las siguientes proposiciones:
I- El principal problema constitucional que hoy enfrenta el país no
se relaciona con lo que la Constitución incluye u omite incluir en su texto,
sino con las violaciones a derechos fundamentales que sufre día a día nuestro
pueblo, con las acciones que el actual gobierno ha llevado adelante para
desvirtuar la Constitución, y las omisiones en que ha incurrido, impidiendo
cumplirla.
II- La Constitución vigente ya incluye la mayoría de las reformas
que el gobierno demanda.
III- La Constitución vigente no es ni ha sido un freno a políticas
reformistas.
IV- Existen razones para cambiar la matriz del modelo constitucional
que tenemos, pero en una dirección muy diferente a la propuesta por el
gobierno.
Veamos cada una de estas proposiciones:
I. El principal problema constitucional que hoy enfrenta el país no
se relaciona con lo que la Constitución incluye u omite incluir en su texto,
sino con las violaciones a derechos fundamentales que sufre día a día nuestro
pueblo, con las acciones que el actual gobierno ha llevado adelante para
desvirtuar la Constitución, y las omisiones en que ha incurrido, impidiendo
cumplirla.
Cuando uno presta atención a las razones que invoca el oficialismo a
favor de una reforma constitucional, advierte que en realidad los problemas que
se señalan no encuentran su fuente en la Constitución, sino en indebidas
acciones y omisiones constitucionales del gobierno. Dichas acciones y omisiones
son numerosas, y tan preocupantes como llamativas, sobre todo teniendo en
cuenta la amplia mayoría legislativa con la que cuenta el oficialismo -una
mayoría que le permitiría remediar prontamente algunos de los problemas
jurídicos que hoy se enfrentan y que no justifican una reforma constitucional.
Para ilustrar lo dicho, tomemos algunos casos relevantes.
En primer lugar,
¿es necesaria una reforma constitucional para incorporar a la Constitución
elementos de protección del ambiente, necesarios para estar a la altura de los
tiempos? En realidad, la Constitución ya incluye múltiples e interesantes
referencias relacionadas con la protección del ambiente, su preservación, su
utilización racional, el respeto del patrimonio natural y cultural y de
diversidad biológica, a través de normas que son obligatorias tanto para la
Nación como las provincias (especialmente, Art. 41 CN). No. Las violaciones a
los derechos del ambiente, que hoy padecemos, se vinculan con acciones que hoy
se llevan a cabo, en violación (y no por requerimiento) de la Constitución. Y,
en relación con lo anterior, ¿qué decir del argumento que sugiere la necesidad
de una reforma constitucional para promover los derechos de los pueblos
indígenas, sobre todo en cuestiones relacionadas con el ambiente y el
territorio en el que viven? Tampoco es un argumento relevante. El texto
fundamental, por ejemplo, ya hace referencias directas a la participación de
los pueblos indígenas en “la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten” (Art. 75 Inc. 17 CN). Ocurre, en todo caso,
que a pesar de las exigencias constitucionales, el gobierno se ha negado a
dictar leyes más protectoras de las comunidades indígenas, a la vez que ha
violentado sistemáticamente los derechos territoriales de los pueblos
originarios, que no han sido consultados -como era obligatorio hacerlo, de
acuerdo con la Constitución- cada vez que se decidió explotar los recursos que
se sitúan en sus territorios.
Cabe agregar, por lo demás, que el oficialismo tampoco se
ha animado a iniciar otros debates orientados a consolidar el carácter
colectivo de los derechos, o a afirmar la interdependencia de los derechos, o a
establecer nuevos paradigmas bajo los cuales no puedan realizarse
interpretaciones y aplicaciones desarrollistas o economicistas de los derechos
ya reconocidos. Discusiones con esta profundidad y sentido se han dado en otros
países latinoamericanos en la última década (en países como Bolivia o Ecuador),
al momento de pensar sus nuevas constituciones (incluyendo referencias a otras democracias,
como la comunitaria y la participativa; o al derecho a proteger y conservar los
bienes comunes, entre otros).
Un ejemplo particularmente ilustrativo de la política del
gobierno en la materia (que evidencia su permanente doble discurso), se advierte
en el actual proceso de reforma del Código Civil. A pesar de lo que exige la
Constitución al respecto, y en contra además de lo establecido por el Convenio
169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas, el gobierno se ha empeñado en aprobar el Código Civil sin
implementar los mecanismos de consulta contemplados en la normativa señalada.
Más específicamente, el nuevo Código Civil propuesto por el oficialismo viola
gravemente los derechos de los pueblos originarios ya protegidos jurídicamente,
al querer someter la propiedad comunitaria al régimen tradicional y conservador
del derecho privado. Y la violación no es sólo sustantiva (como en el caso
señalado), sino además procedimental, ya que no se ha hecho un proceso de
consulta previa con los pueblos indígenas afectados. Lo ocurrido no sólo
resulta ofensivo respecto de los derechos de tales minorías étnicas y
culturales (que el gobierno reivindica en las palabras pero agrede y excluye en
los hechos), sino que además amenaza con convertir en inconstitucional a la
propia reforma del Código Civil.
Más en general, podríamos decir que es el gobierno y no la
Constitución quien viene impidiendo la puesta en marcha de mecanismos
favorables a la participación política de la ciudadanía. De hecho, la
Constitución ya contiene algunos mecanismos de avanzada para promoverla. Ello
así, por ejemplo, a través de sus arts. 39 –referido a la iniciativa popular- y
40 –referido a la consulta popular. Sin embargo, si instituciones tales no se
han puesto en marcha todavía, ello se debe, en parte, al hecho de que el
gobierno desalienta la participación política de la ciudadanía (salvo aquella
dirigida a aclamar lo que la elite gobernante ya ha decidido), y en parte al
hecho de que la legislación necesaria para activar tales mecanismos
(legislación elaborada en las últimas décadas pero aún no modificada), se ha
dirigido a obstaculizar el funcionamiento de los instrumentos participativos
dispuestos en la Constitución (un hecho que se ve ratificado por la pobre
práctica que ha seguido a la legislación anterior).
En efecto, ambas
instituciones –la iniciativa ciudadana y la consulta popular- han sido objeto
de reglamentaciones legislativas fuertemente restrictivas. La Ley 24.747, de
1996, estableció requisitos exigentes en términos de las firmas que deben
juntarse para poder motorizar una iniciativa (1, 5% del padrón); la
proveniencia de las mismas (seis provincias diferentes); y las condiciones que
debe reunir el grupo promotor para financiar la operación. Todo ello agravado
por la decisión de permitirle al Congreso que no trate la iniciativa, en caso
de no tener la voluntad de hacerlo (ello, frente a otras alternativas posibles,
como la de someter la iniciativa a una consulta popular vinculante, por
ejemplo). Es decir, fue el Congreso el que decidió degradar la voluntad de la
Constitución, dificultando la puesta en marcha de la institución constitucional
de la iniciativa popular, y desincentivando en definitiva su realización.
Algo similar puede
decirse en relación con la consulta popular. La misma fue reglamentada a través
de la Ley 25.432, del 2001, que volvió a poner trabas al desarrollo de tal
medio de participación cívica. Así, por caso, exigiendo –contra lo que resulta
ya parte del sentido común en la materia- que la consulta no coincida con
ningún otro acto eleccionario, lo que implica elevar enormemente los costos de
la realización de la misma.
De manera similar, la Constitución incluye cláusulas
vinculadas con la necesidad de asegurar la participación del pueblo en la
justicia, a través del juicio por jurados (art. 24 CN) –una institución propia
de la Constitución histórica de 1853, que la política ha decidido no
implementar desde hace casi dos siglos.
Otra reforma institucional necesaria, que la Constitución
avala pero el gobierno bloquea, se relaciona con los mecanismos destinados a
prevenir y erradicar la tortura. Al respecto, convendría destacar la negativa
del actual gobierno a dar sanción plena al Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura, que ya cuenta con media sanción de parte de la Cámara de Diputados
desde el 2011. Esta particular omisión del gobierno resulta especialmente
sorprendente a la luz del informe 2012 del Comité Provincial de la Memoria, que
informa que en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires aumentaron las
torturas, las muertes violentas (en un 30 % respecto de 2010), y los hechos
violentos informados (un 31% en relación con el mismo año).
Por lo demás,
¿podría decirse que es necesaria una reforma constitucional para garantizar la
transparencia de los actos administrativos y mejorar el acceso a la información
de la población? No. Por el contrario, aquí también se advierten fallas graves
en relación con la política constitucional del gobierno, que contrastan –otra
vez- con una Constitución clara, que consagra en su art. 38 garantías para la
difusión de ideas políticas y acceso a la información pública. Lamentablemente,
tales compromisos constitucionales resultan denigrados en la práctica
gubernamental, de varias maneras. Ante todo, el gobierno se ha negado a dictar
una ley de acceso a la información pública. Mucho peor que eso, este gobierno
es el principal responsable de un gravísimo proceso de negación de información
pública y distorsión de cifras relevantes, como pocas veces ha sufrido la
Argentina en su historia democrática. Por ello, recientemente, la Argentina ha
sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por
los graves retrocesos que se han producido en el área. Como sostuvieran
entonces representantes de la Asociación de Derechos Civiles frente a la CIDH,
“al no haber una autoridad central promoviendo políticas de transparencia, la
información de oficio disponible para los ciudadanos varía de acuerdo a las
prácticas de distintas dependencias que no coordinan esfuerzos ni comparten estándares”.
Dichos retrocesos se extreman debido a la ausencia de una autoridad de
aplicación independiente; por la sistemática negativa de organismos públicos
(como la Inspección General de Justicia o la Auditoría General de la Nación) a
suministrar datos públicos; por la persecución y sanción a quienes ofrecen
información pública que difiere de la que ofrece el gobierno; y por la
destrucción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ello provoca que
hoy carezcamos de cifras públicas confiables en relación con temas vitales para
la producción racional de políticas pública, como los relacionados con los
índices de inflación, pobreza, desigualdad o indigencia.
Por todo lo
expuesto, podemos concluir que es el gobierno el que no respeta derechos ya consagrados,
y no cumple con normas que favorecerían claramente a la población y sobre todo
a grupos marginados de la misma. Más que reformar la Constitución por ser
conservadora, el gobierno debería cumplir con los mandatos de una Constitución
que es más progresista que sus políticas.
II. La Constitución ya incluye la mayoría de las reformas que el
oficialismo demanda.
A veces de modo
implícito, otras de modo explícito, la Constitución incorpora ya la mayoría de
los cambios que hoy el oficialismo propone para reformarla.
En primer lugar, la
Constitución Nacional, como la mayoría de las constituciones del mundo, apela
(sobre todo en el Preámbulo y en la sección referida a los derechos) a un
lenguaje abstracto, a la vez que se compromete con principios generales (como
los de libertad e igualdad), destinado a hacer posible un texto que pueda ser
suscripto desde concepciones diferentes, y que a la vez pueda perdurar en el
tiempo. La idea constitucional es, justamente, la de tornar innecesaria una
modificación en el texto vigente frente a cada nuevo matiz o variación que
aparezca a partir de los desarrollos que vayan teniendo ideales como los de
libertad e igualdad.
En segundo lugar, y
en apoyo de lo anterior, el art. 33 CN deja en claro que los derechos y
garantías no enumerados explícitamente por el texto constitucional no deben
entenderse como negación de los derechos no enumerados explícitamente en el
texto de la misma.
En tercer lugar, la
Constitución argentina se encuentra entre las más completas que se conocen, en
materia de derechos. Más aún, ella ha otorgado jerarquía constitucional a más
de una decena de tratados de derechos humanos (incluyendo a la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; al Pacto de San José de Costa Rica;
a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; o a la Convención sobre los Derechos del Niño; o la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otros), en una
decisión plenamente innovadora dentro de la región. Dicha robustez
constitucional en materia de derechos pone en duda que la misma pueda ser
fácilmente descripta como “de carácter neoliberal.” Por otro lado –y tal como
señalara el actual Presidente de la Corte Suprema- tal robustez constitucional
no deja demasiado espacio para la incorporación de nuevos derechos, que no se
encuentren ya formando parte integral de la misma.[1]
En cuarto lugar, el
artículo 75 inc. 22 de la Constitución, referido a la incorporación de tratados
sobre derechos humanos, permite la reforma de la Constitución por medios
diferentes al procedimiento tradicional establecido en el art. 30 CN. Dicha
modificación puede darse a través de la aprobación por parte del Congreso, de
tratados internacionales en la materia. De ese modo, se prevé que el país pueda
actualizar su sistema jurídico, y no quede al margen de los avances en materia
de derechos humanos que son objeto de consensos extendidos a nivel internacional
(una actualización que ya ha ocurrido por lo menos dos veces desde el dictado
de la Constitución de 1994).
III. La Constitución no es ni ha sido un freno a políticas
reformistas
Por razones como
las antedichas, referidas al lenguaje abstracto de la Constitución; a su
explícito compromiso con reformas igualitarias; a su explícita vocación
inclusiva hacia grupos tradicionalmente marginados; o a su toma de partido por
los derechos de los consumidores y usuarios frente a las pretensiones del puro
mercado; la Constitución actual no puede verse de ningún modo como un obstáculo
para avanzar en reformas legales contrarias a políticas “neoliberales” del tipo
de las que marcaron al país desde la década de los 90. De todos modos, resulta
especialmente importante reafirmar esta idea, dado que algunos grupos han
invocado esta excusa como razón fundamental para propiciar una reforma de la
Constitución.
La mejor prueba de
que la Constitución no obstaculiza la introducción de reformas económicas puede
encontrarse en el hecho de que en los últimos años se adoptaron una diversidad
de medidas que el gobierno reivindica enfáticamente, y que no encontraron el
mínimo obstáculo constitucional para su aprobación: desde el decreto que
instaló la Asignación Universal por Hijo, hasta la modificación de la carta
orgánica del Banco Central, la estatización de las AFJP o la “expropiación” de
YPF promovidas desde el Congreso.[2]
Es decir, en estos
últimos años se pudieron poner en marcha una serie de medidas económicas nuevas
con completa anuencia constitucional, y si no se adoptaron más o mejores
medidas al respecto, ello de ningún modo puede atribuirse a la estructura
constitucional vigente.[3]
Más allá de lo
señalado, muchos de nosotros propiciamos una relación distinta entre la
Constitución y la economía. En este aspecto, nuevamente, nuestra posición
difiere de la que ha sido propiciada desde el oficialismo. Para algunos de los
que simpatizan con el gobierno, resulta necesario utilizar la Constitución para
construir un muro o “barrera antineoliberal.” Sin embargo, si el muro
antineoliberal en el que están pensando tuviera que ser capaz de amparar las
bases de la política económica de estos últimos diez años –una política que ha
implicado, sistemáticamente, la concentración y extranjerización de la economía
a niveles inéditos, índices históricos de desigualdad, la explotación abusiva e
inconsulta de los bienes naturales, o niveles extraordinarios de trabajo
precario y en negro- nos encontraríamos con un “muro antineoliberal” con
filtraciones y grietas portentosas –un resultado que nos invitaría a proponer,
otra vez, una construcción constitucional muy diferente a la que en los hechos
propone el gobierno.
Lo anterior nos
remite al mito principal que propicia la coalición gobernante, es decir, el
mito según el cual sus políticas promueven una transformación social a favor de
los sectores populares. Desde aquí rechazamos la idea de que esa transformación
social se haya dado o se esté produciendo. Más aún, señalamos que las
principales reformas institucionales promovidas por el gobierno hasta el
momento, no sólo contradicen la vocación reformista (favorable a una política
de la “transversalidad”) alegada por el oficialismo años atrás, en los
comienzos de su gobierno; sino que además muestran al mismo como un actor
desleal hacia los sectores no oficialistas, y en particular hacia los partidos
minoritarios.[4]
IV. Existen razones para cambiar la matriz del modelo constitucional
que tenemos, pero en una dirección muy diferente a la propuesta por el
gobierno.
Muchos de los
miembros de Plataforma consideramos que podría resultar valioso cambiar la
matriz que organiza la Constitución. Sin embargo, entendemos que dicha reforma
sería en algunas ocasiones distinta, y en otras directamente contraria a la
sugerida o propuesta por la coalición gobernante y sus defensores. Si tomamos
en cuenta, por caso, todo lo que han dicho los voceros del gobierno sobre el
tema de la reforma constitucional, nos encontramos con que sus propuestas se
relacionan persistentemente con la reforma en la sección dogmática de la
Constitución, es decir, la referida a los derechos incorporados en la
Constitución (la coalición gobernante reniega, por caso, de un cambio hacia un
sistema parlamentario como el que propone uno de los miembros de la Corte
Suprema Argentina, afín al gobierno). Muchos de nosotros, en cambio, cuando
pensamos en la reforma, concentramos nuestra atención en la sección orgánica de
la Constitución, esto, es la dedicada a la organización del poder. Ello así, a
partir de preocupaciones que resultan contradictorias con las que aparecen como
propias del gobierno.
En efecto, muchos
de los integrantes de Plataforma rechazamos el aspecto más conservador de la
Constitución, relacionado con la concentración del poder político en el
Ejecutivo. Dicho sistema de concentración de la autoridad se acompaña en
nuestra práctica (como suele ocurrir en estos casos) con dos agregados
preocupantes, que representan derivados propios del modelo presidencialista
extremo, hoy vigente: por un lado, la erosión (en la actualidad, un directo
vaciamiento) del sistema constitucional de frenos y contrapesos (valioso, al menos,
como primera estrategia destinada a evitar la concentración del poder en
cualquiera de las ramas de gobierno); y por otro, bajos niveles de
participación popular. Éste ha sido, sin dudas, el modelo de organización del
poder que el oficialismo ha usufructuado y extremado en todos estos años –un
modelo que se corresponde con una práctica política elitista del gobierno, que
cultiva la adulación de sus simpatizantes, y se muestra arrogante y agresivo
con quienes lo critican.
La re-reelección
presidencial –como tantas veces, la verdad no dicha de la iniciativa a favor de
la reforma constitucional- solamente extrema el costado más conservador de la
Constitución. Se trata de la misma iniciativa que utilizó históricamente el
conservadurismo (incluyendo, arquetípicamente, al gobierno de Menem), con el
declarado objeto de “transformar” a la sociedad, basada finalmente en la
incapacidad que atribuye a la ciudadanía para tomar las riendas de la política
en sus propias manos, y en la tradicional desconfianza elitista frente al
pueblo como responsable de su propio destino. Para el conservadurismo, el
destino de una Nación depende siempre de una figura salvadora, y no de la
voluntad soberana y democrática del pueblo, puesto de pie como sujeto
emancipado, capacitado para actuar por sí mismo, e independiente de tutores y
guías providenciales.
Finalmente, una
Constitución más igualitaria y democrática, como la que muchos de los miembros
de Plataforma defendemos, procuraría revertir la matriz de organización
conservadora del poder que el constitucionalismo oficialista ha propiciado
durante casi una década. Para esta mirada igualitaria sobre el derecho, la
parte orgánica de la Constitución debería ser reemplazada por otra que articule
un sistema institucional asambleario y participativo; que asegura la decisión y
el control ciudadanos sobre los asuntos públicos. Esto es decir, pensamos en un
sistema de gobierno contradictorio con el verticalismo, la falta de controles,
y la baja intensidad participativa que el oficialismo ha exigido para
consolidarse. En definitiva, consideramos que la ciudadanía debe poder tomar a
su cargo la organización del poder definida en la Constitución, que hoy se deja
bajo la custodia de los servidores del poder. Más específicamente, consideramos
que dicha reforma sobre la organización del poder debe orientarse en una dirección
precisa: la de democratizar el poder constitucional, en lugar de seguir
concentrándolo para el usufructo de unos pocos que actúan para su propio
beneficio pero bajo el nombre impropio de todos.
De este modo,
tornaríamos más consistente la sección constitucional referida a los derechos,
que se ha ido “democratizando” (luego de haber estado al servicio de la
limitación de los derechos políticos), con la referida a la organización del
poder, que continúa trabajando a favor de una institucionalidad política
jerárquica y poco democratizada, y que considera al voto periódico como
exclusiva forma real de la participación política.
La perspectiva
democrática que reivindicamos no consiste en fantochadas leguleyas como las que
hoy la coalición gobernante alega para esconder su propósito reeleccionista,
sino en la recuperación del pueblo como sujeto emancipado, no dependiente de
nadie y responsable de las decisiones que por sí mismo toma.
Firmantes:
Osvaldo. J. Acerbo, Raúl Albanece, Graciela B. Alonso, César
Altamira, Mirta Antonelli, Omar Arach, Adriana Armanino, Diego Hernán Armesto,
Abel Ayala, Jonatan Baldiviezo, Pedro Antonio Barbagelata, Alberto Barbeito,
Liliana Barletta, Santiago Bauer, Enrique Bernis, Aníbal G. Bibiloni, Héctor
Bidonde, Mario Raúl Bordón, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Pablo Esteban
Cabo, Alberto Campos Carlés, Ana Candioti, Ricardo Domingo Cantore, Marcela
Car, María Emilia Carabelli, Martín Casalongue, Aldo Castagnari, Ana María
Cecchini, Antonio Célico, Juan Antonio Córdoba, Nora Correas, Bibiana Apolonia
del Brutto, Blanca Dieguez, Gaia Dimitriu, Diana Dowek, Diego Martín Durán,
Lucila Edelman, David Encina, Federico Esswein, Juan Eduardo Fentanes, Cristian
Hernán Fernández, Carlos Figueroa, Ana Flores, Carlos Maria Freire, Mario
Galvano, Paula Gandino, Juan García Gayo, Stella Maris García, Roberto
Gargarella, Adriana Genta, Elsa Beatriz Gil, Facundo Giuliano, Analía González,
Eliana González, Alejandro Haimovich, Liliana Helman, Germán Hernandez Araguna,
Eduardo Iglesias Brickles, Alicia Jardel, Alejandro Katz, Mario Kiektik,
Leandro Klink, Diana Kordon, Gabriel Kordon, María Laura Kufalescis, María
Dulce Kugler, Silvana Inés Lado, Darío Lagos, Christian Lange, Alba
Lanzillotto, Ruben Laporte, Gustavo Lattarulo, Gabriel Levinas, Javier
Lindenboim, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Andrea Lopetegui, Julián López,
María Inés Luchetti, Isabel Lucioni, Francisco Martini, Gabriela Massuh, María
Carolina Mauri, Horacio Medrano, Francisco Menéndez, Carlos Micucci, Horacio Micucci,
Juan Domingo Miranda, Carlos F. Mosquera, Carlos E. Moya, Nora Moyano, Juan
Pablo Mugnolo, Marta Muhlrad, José Onaindia, Ana Pagano, Nora Paladino, Vanina
Papalini, Carlos Penelas, María Rosa Pfeiffer, Alberto Pinus, Dolores Plana,
Marcelo Plana, Roberto Pozzo, Luis A. Quesada Allué,Sergio E. Quintero, Daniel
Rodriguez, Mabel Ruggiero, Alfredo Saavedra, Horacio Safons, Liliana Saguin,
Silvio Saks, Sergio Salvatore, Agustín Salvia, Alicia E. Sánchez, Norma E.
Sánchez, Ana Sarchione, Sebastián Sayago, Mónica Scandizzo, Alejandro
Schweitzer, Diego Seguí, Claudio Simiz, Pablo Stefanoni, Carlos abel Suárez,
Teresa Suarez, Maristella Svampa, Pablo Tassart, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo
Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Sergio Torrado, Enrique Viale, Franco Vico, Susana
Vior, Walter Walker, Dennis Weisbrot, Bernardino Zaffrani, Patricia Zangaro,
Juan Zanoni, Horacio Miguel Hernán Zapata, Maximiliano Zwenger,
Para adherir: plataforma.2012@yahoo.com.ar
[1] Por citar sólo un caso, el “derecho a la salud,” invocado por
algunos como “faltante” en la Constitución, se encuentra recogido ya en el
PIDESC, un tratado internacional con jerarquía constitucional.
[2] En sentido similar, el “matrimonio igualitario”, convertido en
ley recientemente, fue defendido en los debates legislativos en nombre de la
Constitución, y no a pesar de ella.
[3] Por lo demás, cabría recordar que algunas de las cláusulas
constitucionales que hoy se describen como “neoliberales” –típicamente, la
referida a la propiedad de recursos naturales por parte de las provincias- son
hijas directas de la intervención de la actual Presidenta y su marido en la
Convención Constituyente.
[4] Por otro lado, las pocas reformas institucionales en las que se
ha involucrado la coalición gobernante, han sido reformas destinadas a servirse
a sí mismo, expandiendo su propio poder y limitando el de los grupos que le son
contrarios –reformas que, por ello mismo, deberían considerarse como contrarias
a la Constitución. La reforma del Consejo de la Magistratura, por caso, ha
venido a desafiar el propio equilibrio propuesto por la Constitución, y a
favorecer la influencia del Ejecutivo en el poder sobre el Consejo existente.
Del mismo modo, la reforma a la Ley de Partidos Políticos vigente, ha venido a
hacer más difícil la participación política de las fracciones políticas
minoritarias. En esta ocasión, cabe recordarlo, los grupos minoritarios
aceptaron la ley a cambio de la aprobación de dos artículos -los Arts. 107 y
108 de la misma-, que diferían los plazos de entrada en vigencia de la ley,
dándole a los partidos más chicos cierto tiempo, y así la oportunidad de
reorganizarse y cumplir con las exigencias de la ley. Sin embargo, la propia
Presidenta, vetó los Arts. 107 y 108 de la ley en cuestión, de modo
inconstitucional (dado que el Art. 80 CN impide alterar el espíritu y la unidad
del proyecto sancionado por el Congreso), y en contra de la única razón que se
había ofrecido a la izquierda para avalar el proyecto.
