ENTREVISTA | LUIS MOISSET DE ESPANÉS
"La reestatización de YPF debió ajustarse a la Constitución"
El experto dice que no basta con declarar la necesidad de la expropiación "a posteriori". El prestigioso jurista cordobés atribuye la inseguridad jurídica a las falencias de la educación. El respeto como principio .
Tiene 82 años y es una de las vacas sagradas del Derecho Privado argentino. Los jóvenes lo interrumpen a cada rato para pedirle fotos y autógrafos. El inconfundible acento cordobés oculta un pasado familiar en la provincia de Juan B. Terán: sin ir más lejos, su abuelo participó de la sesión que eligió a este prócer como el primer rector de la Universidad Nacional de Tucumán.
Ese repertorio de señas particulares surge durante una hora de conversación con el abogado Luis Moisset de Espanés, doctor en Derecho, docente, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, y autor de textos de doctrina y de ficción. El encuentro tiene lugar entre una disertación en la Universidad San Pablo-T, y el acto de juramento de su discípulo Benjamín Moisá como vocal de la Cámara Civil y Comercial Común de la Capital.
"¿Qué es lo que le anda pasando y qué es lo que quiere LA GACETA conmigo?", pregunta Moisset de Espanés con tono afable. Después, demostrará que es hombre de respuestas medulosas y extensas, y que no ahorra críticas sutiles al ego de los letrados, fundamentalmente de los que tienen en sus manos iniciativas tan importantes como la reforma del Código Civil. Sobre todo opina con autoridad y prudencia, y respecto de la última expropiación dispuesta -con gran estruendo y polémica- por la Nación expresa: "la reestatización de YPF debió ajustarse a la Constitución".
- ¿Está en crisis la seguridad jurídica en Argentina?
- La gente relaciona ese tema con los problemas de violencia y delincuencia, pero estos no agotan aquella cuestión... Se trata de la libertad, de la contratación y del respeto por las situaciones establecidas en el ámbito del Derecho Privado. La educación es de vital importancia para la seguridad jurídica y pareciera ser que está fallando. Son tan irrespetuosos el ladrón y el asesino como aquel que no cumple con la palabra empeñada. Y cuando quien debe garantizar el respeto por medio de la actividad administrativa y judicial no brinda esa garantía, toda la sociedad se ve gravemente afectada. En algunos aspectos tenemos menos seguridad jurídica que antes... quizá porque estamos llegando a la aceptación generalizada de la corrupción. - ¿Cómo le sentó la expropiación de YPF?- En principio, la posibilidad de que el Estado expropie está permitida en todos los países civilizados, pero con determinadas reglas. Para privar a alguien de la propiedad hay que cumplir con la declaración previa de la necesidad pública y la indemnización anterior a la desposesión. Yo he pensado siempre que, tal y como se produjo en Argentina, la privatización del petróleo fue errónea y maligna, pero entiendo que la reestatización debió por lo menos ajustarse a los parámetros que fija la Constitución. No basta con declarar con posterioridad, por ley, la necesidad. No basta con expropiar el 51% de la propiedad de Repsol y dejarles el 6% restante. Hay una serie de incongruencias que son atentatorias de la seguridad jurídica. No caben dudas de ello y de que este proceder es apreciado negativamente en el extranjero.
- ¿Está de acuerdo con la propuesta de reforma de los códigos Civil y Comercial?
- El cambio social exige cambios legislativos. Ahora bien, ¿cómo deben hacerse esas reformas? La metodología elegida para elaborar los textos de las enmiendas han provocado el fracaso de gran parte de ellas, algunas de las cuales habrían sido oportunas... El proyecto liderado por Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) repite errores del pasado y comete otros nuevos. Se ha trabajado sin seriedad y se ha presentado un proyecto al Poder Ejecutivo (PE) que sigue siendo modificado todos los días antes de su remisión al Congreso. No es un texto sólido y concluido. Se dice que han participado con amplio consenso 70 juristas, pero esos autores estaban divididos en 20 comisiones distintas y cada grupo veía un pedacito pequeño de la enmienda mientras que ninguno conocía lo que hacía el resto. Cada quien se ocupó de su mosaiquito.
- ¿Cuáles son los aspectos más polémicos de la iniciativa?
- Los que se refieren al Derecho de Familia. Pese a la reacción de los círculos religiosos, no creo que aquello alcance a frenar el proyecto. Me parece que, si la enmienda es aprobada, no pasarán muchos años antes de que haya una revisión porque no se puede legislar para la satisfacción del día de un grupo reducido de personas. En el aspecto patrimonial, hay que recordar que cada país tiene su código, y un plexo que se integra con doctrina y jurisprudencia. Los fallos vienen así a pulir los defectos de la legislación y eso hace que las soluciones sean más armónicas. Hay países con malos códigos y, sin embargo, se vive. Y hay países con buenos códigos donde, sin embargo, no se vive tan bien. De modo que no es suficiente con la norma y a esto se agrega la necesidad de un estándar aceptable de seguridad jurídica. A mí no me desespera la reforma: no provocará una tragedia ni un caos, sino sólo una complicación pasajera. A veces los conflictos obedecen no tanto a lo que se incluye, sino a lo que se suprime. Con el tiempo, todos los inconvenientes serán subsanados por la jurisprudencia. - ¿Qué opina de las restricciones cambiarias?- A veces son necesarias; por lo general no son buenas. Es función del Estado el buscar el equilibrio: eso justifica a veces la intervención en la economía. Lamentablemente los legisladores hacen manejos arbitrarios y esto, en definitiva, suele crear más problemas que los que se resuelven...
- ¡Pero el intervencionismo cambiario proviene de resoluciones administrativas, no de leyes!
- Peor todavía. El Gobierno está faltando a principios básicos de la seguridad jurídica que, para ciertas cosas, exige la participación del Congreso. Pero en nuestro país, el Poder Legislativo ha abdicado de todas sus facultades verdaderas. La delegación es una barbaridad. Esto comenzó en la década de 1930, cuando el PE modificó la distribución de los recursos que permitían la independencia de las provincias. El federalismo terminó allí.
- El Congreso sí sancionó la ley de la llamada muerte digna...
- Yo ya estoy más allá del bien y del mal. Las nuevas leyes me van a causar muy poco daño porque mi perspectiva de vida es, con suerte, de nueve o diez años. Esto hace que no me esté dedicando a estudiar con profundidad estas novedades legislativas... - Llegado el caso, ¿cómo le gustaría morir?- Cuidado, la muerte digna está ajustada a la naturaleza de las cosas. No podemos prolongar forzadamente la vida. A mí no me asusta decir "señores, no fuercen la situación". No se puede exigir la vida a quienes no están en condiciones de vivir sólo para satisfacer el temor del médico de que lo acusen de que abandonó al paciente o el afán del familiar de conservar a sus afectos como si fuesen objetos.
- ¿Qué consejo puede dar a Moisá, que hoy (por el martes pasado) empieza una nueva etapa de magistrado?
- Tiene que ser total y absolutamente independiente. Es difícil, aunque debo decir que a mí nunca me han presionado ni formulado un pedido político, quizá porque todo el mundo sabía quién era yo y cómo iba a reaccionar al respecto.
Ese repertorio de señas particulares surge durante una hora de conversación con el abogado Luis Moisset de Espanés, doctor en Derecho, docente, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, y autor de textos de doctrina y de ficción. El encuentro tiene lugar entre una disertación en la Universidad San Pablo-T, y el acto de juramento de su discípulo Benjamín Moisá como vocal de la Cámara Civil y Comercial Común de la Capital.
"¿Qué es lo que le anda pasando y qué es lo que quiere LA GACETA conmigo?", pregunta Moisset de Espanés con tono afable. Después, demostrará que es hombre de respuestas medulosas y extensas, y que no ahorra críticas sutiles al ego de los letrados, fundamentalmente de los que tienen en sus manos iniciativas tan importantes como la reforma del Código Civil. Sobre todo opina con autoridad y prudencia, y respecto de la última expropiación dispuesta -con gran estruendo y polémica- por la Nación expresa: "la reestatización de YPF debió ajustarse a la Constitución".
- ¿Está en crisis la seguridad jurídica en Argentina?
- La gente relaciona ese tema con los problemas de violencia y delincuencia, pero estos no agotan aquella cuestión... Se trata de la libertad, de la contratación y del respeto por las situaciones establecidas en el ámbito del Derecho Privado. La educación es de vital importancia para la seguridad jurídica y pareciera ser que está fallando. Son tan irrespetuosos el ladrón y el asesino como aquel que no cumple con la palabra empeñada. Y cuando quien debe garantizar el respeto por medio de la actividad administrativa y judicial no brinda esa garantía, toda la sociedad se ve gravemente afectada. En algunos aspectos tenemos menos seguridad jurídica que antes... quizá porque estamos llegando a la aceptación generalizada de la corrupción. - ¿Cómo le sentó la expropiación de YPF?- En principio, la posibilidad de que el Estado expropie está permitida en todos los países civilizados, pero con determinadas reglas. Para privar a alguien de la propiedad hay que cumplir con la declaración previa de la necesidad pública y la indemnización anterior a la desposesión. Yo he pensado siempre que, tal y como se produjo en Argentina, la privatización del petróleo fue errónea y maligna, pero entiendo que la reestatización debió por lo menos ajustarse a los parámetros que fija la Constitución. No basta con declarar con posterioridad, por ley, la necesidad. No basta con expropiar el 51% de la propiedad de Repsol y dejarles el 6% restante. Hay una serie de incongruencias que son atentatorias de la seguridad jurídica. No caben dudas de ello y de que este proceder es apreciado negativamente en el extranjero.
- ¿Está de acuerdo con la propuesta de reforma de los códigos Civil y Comercial?
- El cambio social exige cambios legislativos. Ahora bien, ¿cómo deben hacerse esas reformas? La metodología elegida para elaborar los textos de las enmiendas han provocado el fracaso de gran parte de ellas, algunas de las cuales habrían sido oportunas... El proyecto liderado por Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) repite errores del pasado y comete otros nuevos. Se ha trabajado sin seriedad y se ha presentado un proyecto al Poder Ejecutivo (PE) que sigue siendo modificado todos los días antes de su remisión al Congreso. No es un texto sólido y concluido. Se dice que han participado con amplio consenso 70 juristas, pero esos autores estaban divididos en 20 comisiones distintas y cada grupo veía un pedacito pequeño de la enmienda mientras que ninguno conocía lo que hacía el resto. Cada quien se ocupó de su mosaiquito.
- ¿Cuáles son los aspectos más polémicos de la iniciativa?
- Los que se refieren al Derecho de Familia. Pese a la reacción de los círculos religiosos, no creo que aquello alcance a frenar el proyecto. Me parece que, si la enmienda es aprobada, no pasarán muchos años antes de que haya una revisión porque no se puede legislar para la satisfacción del día de un grupo reducido de personas. En el aspecto patrimonial, hay que recordar que cada país tiene su código, y un plexo que se integra con doctrina y jurisprudencia. Los fallos vienen así a pulir los defectos de la legislación y eso hace que las soluciones sean más armónicas. Hay países con malos códigos y, sin embargo, se vive. Y hay países con buenos códigos donde, sin embargo, no se vive tan bien. De modo que no es suficiente con la norma y a esto se agrega la necesidad de un estándar aceptable de seguridad jurídica. A mí no me desespera la reforma: no provocará una tragedia ni un caos, sino sólo una complicación pasajera. A veces los conflictos obedecen no tanto a lo que se incluye, sino a lo que se suprime. Con el tiempo, todos los inconvenientes serán subsanados por la jurisprudencia. - ¿Qué opina de las restricciones cambiarias?- A veces son necesarias; por lo general no son buenas. Es función del Estado el buscar el equilibrio: eso justifica a veces la intervención en la economía. Lamentablemente los legisladores hacen manejos arbitrarios y esto, en definitiva, suele crear más problemas que los que se resuelven...
- ¡Pero el intervencionismo cambiario proviene de resoluciones administrativas, no de leyes!
- Peor todavía. El Gobierno está faltando a principios básicos de la seguridad jurídica que, para ciertas cosas, exige la participación del Congreso. Pero en nuestro país, el Poder Legislativo ha abdicado de todas sus facultades verdaderas. La delegación es una barbaridad. Esto comenzó en la década de 1930, cuando el PE modificó la distribución de los recursos que permitían la independencia de las provincias. El federalismo terminó allí.
- El Congreso sí sancionó la ley de la llamada muerte digna...
- Yo ya estoy más allá del bien y del mal. Las nuevas leyes me van a causar muy poco daño porque mi perspectiva de vida es, con suerte, de nueve o diez años. Esto hace que no me esté dedicando a estudiar con profundidad estas novedades legislativas... - Llegado el caso, ¿cómo le gustaría morir?- Cuidado, la muerte digna está ajustada a la naturaleza de las cosas. No podemos prolongar forzadamente la vida. A mí no me asusta decir "señores, no fuercen la situación". No se puede exigir la vida a quienes no están en condiciones de vivir sólo para satisfacer el temor del médico de que lo acusen de que abandonó al paciente o el afán del familiar de conservar a sus afectos como si fuesen objetos.
- ¿Qué consejo puede dar a Moisá, que hoy (por el martes pasado) empieza una nueva etapa de magistrado?
- Tiene que ser total y absolutamente independiente. Es difícil, aunque debo decir que a mí nunca me han presionado ni formulado un pedido político, quizá porque todo el mundo sabía quién era yo y cómo iba a reaccionar al respecto.
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