"El compromiso con la República,
indispensable para mantener la democracia”.
La propensión a la violencia como modo de imponer nuestro deseo, interés, pretensión o fin político, cuando lo que necesitamos como país es construir y fortalecer las instituciones de la República, las pone en serio riesgo y persigue su destrucción, tras dos siglos de ardua labor para erigirlas y mantenerlas.
Quienes confiamos en nuestra Justicia republicana, con sus defectos y virtudes, toleramos también la sentencia adversa, la que resulta contraria a nuestros intereses pero que fue dictada conforme a la ley y a la Constitución. Quien se muestra fiel a la República sólo hasta que los votos, las leyes o las sentencias lo contradicen u obstaculizan, en realidad jamás creyó en la Justicia sino sólo en sus propios intereses utilizando la ley, el derecho y la justicia como una máscara con la que cubre su verdadera, espuria y mezquina intención.
Como ciudadanos, es nuestra obligación si consideramos a un funcionario corrupto, denunciarlo ante el organismo que corresponda, en cada caso.
Recurrir al discurso violento y descalificante no sólo es un acto de irresponsabilidad ciudadana, sino que constituye un obrar orientado a socavar los cimientos de nuestra fe en las personas y de nuestra confianza en las instituciones de la República.
Los ciudadanos y en especial los abogados debemos comprometernos con la república y sus instituciones.
Ante las declaraciones efectuadas por la titular de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el COLEGIO DE ABOGADOS DE CORDOBA expresa su profunda preocupación por hechos que -como éste- ponen en riesgo la paz social, exhortando a los dirigentes de todos los sectores a comprometerse con la República, respetar la Constitución y Leyes de la nación, indispensables para preservar la democracia.
María Cristina Curtino
Presidente
viernes, 1 de octubre de 2010
INTENTO DE GOLPE DE ESTADO según LULA
Lula tilda de "burrada" el "intento de golpe de Estado" en Ecuador
Por Agencia EFE – hace 49 minutos
Sao Paulo, 1 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó hoy como "burrada" y como "intento de golpe de Estado" la sublevación protagonizada el jueves en Ecuador por un grupo de policías, que mantuvo retenido durante varias horas en un hospital al presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
"Todos nosotros, presidentes democráticos, necesitamos condenar, de la forma más vehemente posible, ese intento de golpe en Estado en Ecuador y apoyar sin restricciones al presidente Rafael Correa", afirmó Lula en declaraciones a periodistas tras participar en un acto oficial en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, vecina a Sao Paulo.
Lula señaló que "no existe en el mundo nadie que concuerde con un golpe. Creo que los golpistas deben estar arrepentidos hoy de la burrada que hicieron", agregó el mandatario brasileño al dar por superada la crisis en Ecuador.
"Para mí, se trata de un asunto superado porque no es posible que las personas no entiendan que ese tipo de intento de derrumbar a un presidente no es correcto. Y que policías le arrojen bombas a un presidente es menos correcto", agregó.
El mandatario brasileño dijo que todos los jefes de Estado de Suramérica decidieron "apoyar sin restricciones" al presidente de Ecuador, "que tiene que ser respetado".
Agregó que intentó infructuosamente conversar ayer por teléfono con Correa y que abordó el asunto en una conversación que tuvo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
"Ayer mandé a Patriota (Antonio Patriota, el vicecanciller brasileño) a Buenos Aires (a la reunión de jefes de Estado suramericanos convocada de urgencia) y cuando llamé a Rafael Correa él estaba en el hospital", dijo el gobernante brasileño.
"Le pedí al embajador brasileño (en Quito) acudir a ese hospital, pero el embajador no consiguió llegar. Hoy posiblemente llamaré al presidente Correa", agregó.
Según Lula, las elecciones presidenciales, legislativas y regionales que Brasil celebrará el próximo domingo serán una lección para cualquier golpista en Ecuador.
"Es mejor que las personas que divergen discutan y lleguen a acuerdos, pero un presidente elegido necesita ser respetado. Y Rafael Correa es un gran presidente", aseguró.
© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.
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"Todos nosotros, presidentes democráticos, necesitamos condenar, de la forma más vehemente posible, ese intento de golpe en Estado en Ecuador y apoyar sin restricciones al presidente Rafael Correa", afirmó Lula en declaraciones a periodistas tras participar en un acto oficial en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, vecina a Sao Paulo.
Lula señaló que "no existe en el mundo nadie que concuerde con un golpe. Creo que los golpistas deben estar arrepentidos hoy de la burrada que hicieron", agregó el mandatario brasileño al dar por superada la crisis en Ecuador.
"Para mí, se trata de un asunto superado porque no es posible que las personas no entiendan que ese tipo de intento de derrumbar a un presidente no es correcto. Y que policías le arrojen bombas a un presidente es menos correcto", agregó.
El mandatario brasileño dijo que todos los jefes de Estado de Suramérica decidieron "apoyar sin restricciones" al presidente de Ecuador, "que tiene que ser respetado".
Agregó que intentó infructuosamente conversar ayer por teléfono con Correa y que abordó el asunto en una conversación que tuvo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
"Ayer mandé a Patriota (Antonio Patriota, el vicecanciller brasileño) a Buenos Aires (a la reunión de jefes de Estado suramericanos convocada de urgencia) y cuando llamé a Rafael Correa él estaba en el hospital", dijo el gobernante brasileño.
"Le pedí al embajador brasileño (en Quito) acudir a ese hospital, pero el embajador no consiguió llegar. Hoy posiblemente llamaré al presidente Correa", agregó.
Según Lula, las elecciones presidenciales, legislativas y regionales que Brasil celebrará el próximo domingo serán una lección para cualquier golpista en Ecuador.
"Es mejor que las personas que divergen discutan y lleguen a acuerdos, pero un presidente elegido necesita ser respetado. Y Rafael Correa es un gran presidente", aseguró.
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martes, 11 de mayo de 2010
CRISIS DEL CAPITALISMO Y DE LA ETICA
Crisis del capitalismo y de la ética
Tanto en Argentina como en Estados Unidos hay propuestas para reformar la ley de bancos y darle más transparencia, una consecuencia inevitable tras las sucesivas crisis que protagonizaron.
* 27.04.2010 , por Redacción LAVOZ
o
La venganza y la paz
Días atrás, en Wall Street se produjo una estrepitosa caída de acciones de Goldman Sachs. El hecho reinstaló en el escenario bursátil de Estados Unidos y, por extensión, del mundo entero, los espectros de la debacle financiera desencadenada por la crisis de las "hipotecas subprime ", que causó enormes pérdidas y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
En esa jornada, las acciones de una de las dos mayores bancas de inversiones que sobrevivieron a la crisis cayeron 13 por ciento, porque el organismo de control de la bolsa neoyorquina -SEC- informó que había presentado una demanda civil al banco de inversión y a uno de sus vicepresidentes, por fraude con derivados financieros "tóxicos", vendidos por la corporación a sabiendas de que eran problemáticos. Los inversores perdieron más de mil millones de dólares. Goldman Sachs reaccionó y, en un comunicado, sostuvo que las operaciones eran correctas. Esa actitud, sumada al anuncio de ganancias en el último ejercicio que permitieron distribuir un promedio de 500 mil dólares per cápita entre su personal, restableció en cierto modo la confianza en los inversores y, al reabrirse las operaciones en Wall Street, comenzó a producirse un "rebote" en el valor de la acción.
Este nuevo escándalo del capitalismo fue aprovechado por el presidente Barack Obama para acentuar sus presiones para que el Congreso apruebe la ley de reforma del sistema financiero que prohibiría ese tipo de operaciones. Escándalo que tuvo su réplica inmediata en Europa.
En la Argentina, el oficialismo imitó con rapidez el proyecto de encarar una reforma a la ley de bancos, aunque por ahora esbozó necesidades distintas. Un grupo de diputados kirchneristas presentó ayer un proyecto de ley que apunta a que las entidades financieras canalicen, como primer objetivo, los ahorros a los préstamos para la vivienda y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Pyme). Aunque es discutible si es necesario efectuar esos cambios a través de una ley o bien esos objetivos se pueden alcanzar con simples circulares del Banco Central, nadie puede eludir la necesidad de una reforma.
Lo que está en debate en nuestro país y en Estados Unidos, en definitiva, es el rol del sistema financiero en la actual organización económica global. Ese accionar debe ser claro, transparente e intermediario entre el ahorro y las necesidades de crédito.
La ética que se reglamente debe prohibir operaciones de dudosa transparencia o que signifiquen un riesgo elevado, en el que los ahorristas puedan perder todos sus ahorros en audaces transacciones o, como sucedió en 2001 en la Argentina, en colocar fondos en bonos insolventes de los estados nacional y provinciales. La búsqueda de cualquier otro objetivo en el proyecto de los diputados kirchneristas generaría más incertidumbre sobre el accionar de la banca.
Tanto en Argentina como en Estados Unidos hay propuestas para reformar la ley de bancos y darle más transparencia, una consecuencia inevitable tras las sucesivas crisis que protagonizaron.
* 27.04.2010 , por Redacción LAVOZ
o
La venganza y la paz
Días atrás, en Wall Street se produjo una estrepitosa caída de acciones de Goldman Sachs. El hecho reinstaló en el escenario bursátil de Estados Unidos y, por extensión, del mundo entero, los espectros de la debacle financiera desencadenada por la crisis de las "hipotecas subprime ", que causó enormes pérdidas y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
En esa jornada, las acciones de una de las dos mayores bancas de inversiones que sobrevivieron a la crisis cayeron 13 por ciento, porque el organismo de control de la bolsa neoyorquina -SEC- informó que había presentado una demanda civil al banco de inversión y a uno de sus vicepresidentes, por fraude con derivados financieros "tóxicos", vendidos por la corporación a sabiendas de que eran problemáticos. Los inversores perdieron más de mil millones de dólares. Goldman Sachs reaccionó y, en un comunicado, sostuvo que las operaciones eran correctas. Esa actitud, sumada al anuncio de ganancias en el último ejercicio que permitieron distribuir un promedio de 500 mil dólares per cápita entre su personal, restableció en cierto modo la confianza en los inversores y, al reabrirse las operaciones en Wall Street, comenzó a producirse un "rebote" en el valor de la acción.
Este nuevo escándalo del capitalismo fue aprovechado por el presidente Barack Obama para acentuar sus presiones para que el Congreso apruebe la ley de reforma del sistema financiero que prohibiría ese tipo de operaciones. Escándalo que tuvo su réplica inmediata en Europa.
En la Argentina, el oficialismo imitó con rapidez el proyecto de encarar una reforma a la ley de bancos, aunque por ahora esbozó necesidades distintas. Un grupo de diputados kirchneristas presentó ayer un proyecto de ley que apunta a que las entidades financieras canalicen, como primer objetivo, los ahorros a los préstamos para la vivienda y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Pyme). Aunque es discutible si es necesario efectuar esos cambios a través de una ley o bien esos objetivos se pueden alcanzar con simples circulares del Banco Central, nadie puede eludir la necesidad de una reforma.
Lo que está en debate en nuestro país y en Estados Unidos, en definitiva, es el rol del sistema financiero en la actual organización económica global. Ese accionar debe ser claro, transparente e intermediario entre el ahorro y las necesidades de crédito.
La ética que se reglamente debe prohibir operaciones de dudosa transparencia o que signifiquen un riesgo elevado, en el que los ahorristas puedan perder todos sus ahorros en audaces transacciones o, como sucedió en 2001 en la Argentina, en colocar fondos en bonos insolventes de los estados nacional y provinciales. La búsqueda de cualquier otro objetivo en el proyecto de los diputados kirchneristas generaría más incertidumbre sobre el accionar de la banca.
LEY DLEY DEL CHEQUE OPINION DE CONSTITUCIONALISTAS
Constitucionalistas dicen que la votación del Senado es "válida"Felix Loñ y Ricardo Monner Sans coincidieron en que la media sanción de reforma del impuesto al cheque no violó la Constitución. Eduardo Barcesat cree lo contrario. 15 de abril de 2010.18:14 Buenos Aires: PERFIL
La media sanción a la reforma en la Ley del Cheque aprobada ayer por mayoría simple en el Senado se convirtió en eje de polémica. La presidenta Cristina Kirchner, sus ministros y el bloque de senadores oficialistas denunció que la votación fue nula ya que eran necesarios 37 votos positivos, es decir mayoría especial. La oposición se defiende y argumenta que todo fue legal, según lo dicta la constitución.
El dilema de la cuestión se centra en el artículo 75 inciso, que en sus incisos 2 y 3, establece parámetros para las atribuciones del Congreso para abordar impuestos como el del cheque. Por lo que la voz de los abogados constitucionalistas ingresó a la escena política para aclarar un poco el tema. Lo cierto es que ni siquiera ellos coinciden absolutamente en torno a la media sanción del Senado.
"Yo estoy en la línea de que fue constitucional, porque es exclusivamente la modificación de un punto de una ley general, no se trato de un tema de ley especial", explicó a Perfil.com Ricardo Monner Sans. "Para que sea nulo o inválido como argumentan pareciera que tendrían que pedir una aparente medida cautelar, porque sino Diputados lo trataría", sostuvo. "Me pregunto si la actuación de la otra Cámara no deja pedaleando el reproche del Gobierno", planteó.
Monner Sans sostuvo que existe "una suerte de amenaza preventiva, que es toda una novedad en el derecho constitucional argentino", en referencia a la amenaza del oficialismo del veto presidencial o la judicialización de la media sanción. "Es un aquellarre, una locura constitucional, el modo en que se está comportando el Poder Ejecutivo", graficó.
Por su parte, Felix Loñ manifestó que lo actuado por el Senado respeta la Constitución y aclaró que "esto es un proyecto, sobre que se va a expedir un juez si no hay ley todavía". El constitucionalista sostuvo que "ley habrá si Diputados aprueba la sanción del Senado" y criticó las declaraciones de Aníbal Fernández, para quien la votación "no existió". "Demuestra un desconocimiento muy grave de la Constitución Nacional", contestó al canal de noticias TN.
Sin embargo, Eduardo Barcesat, otro constitucionalista consultado en este caso por la agencia oficial Télam, señaló que "siendo el impuesto al cheque parte de la coparticipación, para su reforma se requiere la mayoría absoluta", es decir 37 voluntades. "Así lo dispone el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional", recalcó. El mismo sostiene que "la ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias".
No obstante, desde la Coalición Cívica esgrimieron que "el oficialismo en su intento desesperado de confundir a la Nación subvierte el sentido y alcance de la propia Constitución, lo que votó el Senado es Constitucional”.
Para los diputados de Elisa Carrió, el inciso 3 del artículo 75 dirime la cuestión: en el se afirma que para "establecer y modificar" asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, necesita de una "mayoría absoluta". Ellos esgrimen que en este caso no se produjo ese hecho, sino la "derogación" de uno de los artículos de la ley del impuesto al cheque, el que coparticipaba sólo un porcentaje del tributo a las provincias, por lo que basta con la mayoría simple.
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La media sanción a la reforma en la Ley del Cheque aprobada ayer por mayoría simple en el Senado se convirtió en eje de polémica. La presidenta Cristina Kirchner, sus ministros y el bloque de senadores oficialistas denunció que la votación fue nula ya que eran necesarios 37 votos positivos, es decir mayoría especial. La oposición se defiende y argumenta que todo fue legal, según lo dicta la constitución.
El dilema de la cuestión se centra en el artículo 75 inciso, que en sus incisos 2 y 3, establece parámetros para las atribuciones del Congreso para abordar impuestos como el del cheque. Por lo que la voz de los abogados constitucionalistas ingresó a la escena política para aclarar un poco el tema. Lo cierto es que ni siquiera ellos coinciden absolutamente en torno a la media sanción del Senado.
"Yo estoy en la línea de que fue constitucional, porque es exclusivamente la modificación de un punto de una ley general, no se trato de un tema de ley especial", explicó a Perfil.com Ricardo Monner Sans. "Para que sea nulo o inválido como argumentan pareciera que tendrían que pedir una aparente medida cautelar, porque sino Diputados lo trataría", sostuvo. "Me pregunto si la actuación de la otra Cámara no deja pedaleando el reproche del Gobierno", planteó.
Monner Sans sostuvo que existe "una suerte de amenaza preventiva, que es toda una novedad en el derecho constitucional argentino", en referencia a la amenaza del oficialismo del veto presidencial o la judicialización de la media sanción. "Es un aquellarre, una locura constitucional, el modo en que se está comportando el Poder Ejecutivo", graficó.
Por su parte, Felix Loñ manifestó que lo actuado por el Senado respeta la Constitución y aclaró que "esto es un proyecto, sobre que se va a expedir un juez si no hay ley todavía". El constitucionalista sostuvo que "ley habrá si Diputados aprueba la sanción del Senado" y criticó las declaraciones de Aníbal Fernández, para quien la votación "no existió". "Demuestra un desconocimiento muy grave de la Constitución Nacional", contestó al canal de noticias TN.
Sin embargo, Eduardo Barcesat, otro constitucionalista consultado en este caso por la agencia oficial Télam, señaló que "siendo el impuesto al cheque parte de la coparticipación, para su reforma se requiere la mayoría absoluta", es decir 37 voluntades. "Así lo dispone el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional", recalcó. El mismo sostiene que "la ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias".
No obstante, desde la Coalición Cívica esgrimieron que "el oficialismo en su intento desesperado de confundir a la Nación subvierte el sentido y alcance de la propia Constitución, lo que votó el Senado es Constitucional”.
Para los diputados de Elisa Carrió, el inciso 3 del artículo 75 dirime la cuestión: en el se afirma que para "establecer y modificar" asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, necesita de una "mayoría absoluta". Ellos esgrimen que en este caso no se produjo ese hecho, sino la "derogación" de uno de los artículos de la ley del impuesto al cheque, el que coparticipaba sólo un porcentaje del tributo a las provincias, por lo que basta con la mayoría simple.
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ALIANZA PERONISTA PARA FRENAR A KICHNER
Alianza peronista para frenar a Kirchner
Por Joaquín Morales Solá
Una mesa para reunir a los presidenciables del peronismo no kirchnerista y que representara a los distritos electorales más importantes del país parecía ya un mito. Todos hablaban de ella, pero no estaba. Desde que Carlos Reutemann habló de esa mesa, mucho antes de las pasadas elecciones legislativas, todos la esperaban. No llegaba nunca. Sin embargo, en los últimos días comenzó a tomar forma su creación, sus eventuales componentes y sus probables contenidos. La puesta en escena de esa mesa podría significar, en los hechos, un nuevo equilibrio de fuerzas en el peronismo, ciertamente perjudicial para Néstor Kirchner. ¿Por qué muchos dirigentes peronistas seguirían atados a un pasado que concluye, si en esa tarima podría urdirse un probable trazo del futuro poder?
Las conversaciones que ya han sucedido suponen que ese cuerpo colegiado debería apuntar a los principales dirigentes del corredor central del país, donde habita más del 70 por ciento del electorado nacional. Sería el comienzo de una construcción, aunque no excluyente de líderes de provincias menos decisivas que se sumarían luego. Los nombres más seguros para sentarse a la mesa son Eduardo Duhalde, Francisco de Narváez y Felipe Solá, por la provincia de Buenos Aires; Reutemann, por Santa Fe; Jorge Busti, por Entre Ríos, y Mauricio Macri, por la Capital. Córdoba no podría estar ausente, pero tiene un problema: sus líderes peronistas están comprometidos con otras causas. Aquellos entrevén a José Manuel de la Sota más cerca de Kirchner que de ellos, y Juan Schiaretti, en el que confían, es el gobernador de una provincia muy endeudada. Iniciarán conversaciones, no obstante, con alguno de los dos.
De Narváez y Reutemann no son una novedad en ese concilio; ellos han ganado en distritos muy grandes en las últimas elecciones. Busti perdió por poco, pero su liderazgo del peronismo entrerriano sigue intacto; ya lo está ayudando a Duhalde. Las sorpresas las han dado las conversaciones con Duhalde, Solá y Macri. La presencia de cada uno de esos líderes tiene una explicación. Según varias encuestas (pero, sobre todo, el monitoreo permanente del equipo de De Narváez) descubrió que Duhalde duplicó su intención de voto en los últimos tiempos, aunque tiene todavía tiene una imagen negativa alta. También aumentó la imagen positiva, agregan los encuestadores. Duhalde es ahora una figura que no se puede eludir, concluyeron de Narváez y Solá.
Solá había amenazado con lanzar su candidatura presidencial por fuera del Partido Justicialista y tiene un discurso capaz de incomodar a cualquiera de sus eventuales adversarios. Todos los votos que se llevara Felipe terminarían debilitando al peronismo no kirchnerista. La más grande de las novedades, con todo, es la de Macri. Macri no es un afiliado peronista, aunque su proyecto presidencial contó siempre con la necesidad del apoyo peronista, el ángulo de la política donde se siente más cómodo. El peronismo, ya sea kirchnerista o antikirchnerista, necesita, además, poner un pie en la inhóspita Capital.
Macri es, entre todos ellos, el que mejor está en las encuestas nacionales. Pero el jefe del gobierno capitalino debe sortear aún la investigación judicial por las escuchas telefónicas, en la que probablemente será procesado. Macri debe dar todavía explicaciones claras y profundas sobre las revelaciones de espionaje. Es una anomalía que el Estado, en cualquiera de sus niveles, esté hurgando en las conversaciones privadas.
También es cierto que la investigación de Oyarbide muestra señales tendenciosas. Investigó a Ciro James, el oyente serial de teléfonos ajenos, sólo por lo que hizo durante un año en el gobierno de Capital, pero nunca se metió con los seis años que pasó en la Policía Federal ni en los tres que trabajó para la Universidad de La Matanza. ¿Qué hacía un especialista de escuchas telefónicas en la Policía Federal? ¿Acaso no es sólo la ex SIDE la autorizada a intervenir teléfonos y sólo cuando se lo ordena un juez? ¿Es cierto entonces que lo único que abunda en el kirchnerismo es el espionaje interno?
Macri podría salir del proceso manchado por el escándalo, pero también podría llevarse el pergamino de los perseguidos políticos por el kirchnerismo. Desde ese punto de vista, le conviene que la causa siga en manos de Oyarbide, un juez poco creíble por su cercanía objetiva con los Kirchner. La presencia de Macri en aquella mesa peronista significa, para él, el comienzo de una oportuna aproximación al justicialismo disidente.
Esos líderes peronistas ya han buscado algunos consejos en el exterior. De Narváez habló hace poco en Madrid con Felipe González y con José María Aznar; dentro de poco buscarán la ayuda intelectual del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Cuidadosos y prudentes, los ex presidentes españoles coincidieron en un solo consejo: La fragmentación no resuelve nunca ningún problema político .
La primera condición que se fijaron es que ninguno de ellos deberá decir, una vez establecidos los mecanismos básicos, que es candidato presidencial. Cualquier proyecto personal explícito, que varios lo tienen, haría estallar la mesa. Quedará claro, por lo demás, que de ese grupo saldrá el candidato presidencial del peronismo antikirchnerista. Solá ha pedido una apertura hacia los sectores no peronistas. De Narváez apostilló que ellos deben prepararse no sólo para ganar, sino también para gobernar luego. Pidió un programa común mínimo sobre política económica, política social y política exterior. Duhalde es el que tiene más experiencia en eso y ya acordó un documento con el radicalismo y con el propio Macri.
La idea que más se extiende para la selección del candidato peronista es la de presionarlo a Kirchner con meticulosas exigencias para asegurar la imparcialidad de las elecciones que definirán al candidato. Sólo si el ex presidente, titular actual del Partido Justicialista, se negara a poner en marcha todas o algunas de esas exigencias, ellos podrían optar por presentarse por fuera de la organización política del peronismo.
Kirchner podría encontrarse con la novedad que menos le gusta: la unidad de sus adversarios. El gobierno atraviesa, al mismo tiempo, el período más intenso de denuncias de corrupción desde que los Kirchner accedieron al poder. Los negocios con Venezuela son el centro del escándalo.
La oposición, en ese sentido, debería ser más prudente. Una comisión investigadora parlamentaria en estos momentos podría abrirle al kirchnerismo las puertas para fugarse ampliando aún más la sombra del escándalo. De hecho, ya han trascendido supuestos vínculos de Julio Cobos y de Jorge Obeid, ex gobernadores de Mendoza y de Santa Fe, respectivamente, con algunos personajes del escándalo.
Elisa Carrió nunca puso un dedo en el fuego por Cobos y su entorno se regodea con posibles pecados del vicepresidente. Sin embargo, la prioridad de ella son los Kirchner. Pongamos las cosas en claro: hay una diferencia abismal entre las conexiones de Cobos y Obeid, y las que tienen y tuvieron Kirchner y De Vido con Venezuela. Nos estamos prestando a prácticas funcionales al kirchnerismo , tronó Carrió, que aceptó firmar ese proyecto sobre la comisión investigadora al borde del documento, a regañadientes y en el último minuto. Carrió y no pocos dirigentes opositores confían en la gestión del juez Julián Ercolini.
La oposición podría ocuparse, por ejemplo, de Guillermo Moreno, que cambió la política de comercio exterior de la Argentina sólo con unos cuantos llamados telefónicos. Prohibir la importación de alimentos, a golpes de orilleras presiones, podría significar un serio problema para la industria alimenticia argentina, que exporta gran parte de su producción. El mundo toma represalias en estos casos. El peor mensaje de Moreno es que la Argentina no tiene reglas, ni claras ni oscuras. No las tiene, directamente. Moreno expresa el miedo como última herramienta política de la diarquía gobernante. Otros también. Aníbal Fernández, De Vido y su operador Roberto Baratta están llamando a cada uno de los empresarios de la poderosa AEA para obligarlos a desafiliarse. ¿Qué hizo AEA? Desacató al kirchnerismo cuando lo visitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Quizás se terminen yendo de AEA tres o cuatro grandes empresarios; no son muchos, pero lo que le interesa al kirchnerismo es golpear sobre su imagen.
Es también una presión indirecta sobre la Corte Suprema, que se ha convertido en el último refugio institucional para garantizar la libertad, la única conquista en condiciones de exorcizar el miedo.
Por Joaquín Morales Solá
Una mesa para reunir a los presidenciables del peronismo no kirchnerista y que representara a los distritos electorales más importantes del país parecía ya un mito. Todos hablaban de ella, pero no estaba. Desde que Carlos Reutemann habló de esa mesa, mucho antes de las pasadas elecciones legislativas, todos la esperaban. No llegaba nunca. Sin embargo, en los últimos días comenzó a tomar forma su creación, sus eventuales componentes y sus probables contenidos. La puesta en escena de esa mesa podría significar, en los hechos, un nuevo equilibrio de fuerzas en el peronismo, ciertamente perjudicial para Néstor Kirchner. ¿Por qué muchos dirigentes peronistas seguirían atados a un pasado que concluye, si en esa tarima podría urdirse un probable trazo del futuro poder?
Las conversaciones que ya han sucedido suponen que ese cuerpo colegiado debería apuntar a los principales dirigentes del corredor central del país, donde habita más del 70 por ciento del electorado nacional. Sería el comienzo de una construcción, aunque no excluyente de líderes de provincias menos decisivas que se sumarían luego. Los nombres más seguros para sentarse a la mesa son Eduardo Duhalde, Francisco de Narváez y Felipe Solá, por la provincia de Buenos Aires; Reutemann, por Santa Fe; Jorge Busti, por Entre Ríos, y Mauricio Macri, por la Capital. Córdoba no podría estar ausente, pero tiene un problema: sus líderes peronistas están comprometidos con otras causas. Aquellos entrevén a José Manuel de la Sota más cerca de Kirchner que de ellos, y Juan Schiaretti, en el que confían, es el gobernador de una provincia muy endeudada. Iniciarán conversaciones, no obstante, con alguno de los dos.
De Narváez y Reutemann no son una novedad en ese concilio; ellos han ganado en distritos muy grandes en las últimas elecciones. Busti perdió por poco, pero su liderazgo del peronismo entrerriano sigue intacto; ya lo está ayudando a Duhalde. Las sorpresas las han dado las conversaciones con Duhalde, Solá y Macri. La presencia de cada uno de esos líderes tiene una explicación. Según varias encuestas (pero, sobre todo, el monitoreo permanente del equipo de De Narváez) descubrió que Duhalde duplicó su intención de voto en los últimos tiempos, aunque tiene todavía tiene una imagen negativa alta. También aumentó la imagen positiva, agregan los encuestadores. Duhalde es ahora una figura que no se puede eludir, concluyeron de Narváez y Solá.
Solá había amenazado con lanzar su candidatura presidencial por fuera del Partido Justicialista y tiene un discurso capaz de incomodar a cualquiera de sus eventuales adversarios. Todos los votos que se llevara Felipe terminarían debilitando al peronismo no kirchnerista. La más grande de las novedades, con todo, es la de Macri. Macri no es un afiliado peronista, aunque su proyecto presidencial contó siempre con la necesidad del apoyo peronista, el ángulo de la política donde se siente más cómodo. El peronismo, ya sea kirchnerista o antikirchnerista, necesita, además, poner un pie en la inhóspita Capital.
Macri es, entre todos ellos, el que mejor está en las encuestas nacionales. Pero el jefe del gobierno capitalino debe sortear aún la investigación judicial por las escuchas telefónicas, en la que probablemente será procesado. Macri debe dar todavía explicaciones claras y profundas sobre las revelaciones de espionaje. Es una anomalía que el Estado, en cualquiera de sus niveles, esté hurgando en las conversaciones privadas.
También es cierto que la investigación de Oyarbide muestra señales tendenciosas. Investigó a Ciro James, el oyente serial de teléfonos ajenos, sólo por lo que hizo durante un año en el gobierno de Capital, pero nunca se metió con los seis años que pasó en la Policía Federal ni en los tres que trabajó para la Universidad de La Matanza. ¿Qué hacía un especialista de escuchas telefónicas en la Policía Federal? ¿Acaso no es sólo la ex SIDE la autorizada a intervenir teléfonos y sólo cuando se lo ordena un juez? ¿Es cierto entonces que lo único que abunda en el kirchnerismo es el espionaje interno?
Macri podría salir del proceso manchado por el escándalo, pero también podría llevarse el pergamino de los perseguidos políticos por el kirchnerismo. Desde ese punto de vista, le conviene que la causa siga en manos de Oyarbide, un juez poco creíble por su cercanía objetiva con los Kirchner. La presencia de Macri en aquella mesa peronista significa, para él, el comienzo de una oportuna aproximación al justicialismo disidente.
Esos líderes peronistas ya han buscado algunos consejos en el exterior. De Narváez habló hace poco en Madrid con Felipe González y con José María Aznar; dentro de poco buscarán la ayuda intelectual del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Cuidadosos y prudentes, los ex presidentes españoles coincidieron en un solo consejo: La fragmentación no resuelve nunca ningún problema político .
La primera condición que se fijaron es que ninguno de ellos deberá decir, una vez establecidos los mecanismos básicos, que es candidato presidencial. Cualquier proyecto personal explícito, que varios lo tienen, haría estallar la mesa. Quedará claro, por lo demás, que de ese grupo saldrá el candidato presidencial del peronismo antikirchnerista. Solá ha pedido una apertura hacia los sectores no peronistas. De Narváez apostilló que ellos deben prepararse no sólo para ganar, sino también para gobernar luego. Pidió un programa común mínimo sobre política económica, política social y política exterior. Duhalde es el que tiene más experiencia en eso y ya acordó un documento con el radicalismo y con el propio Macri.
La idea que más se extiende para la selección del candidato peronista es la de presionarlo a Kirchner con meticulosas exigencias para asegurar la imparcialidad de las elecciones que definirán al candidato. Sólo si el ex presidente, titular actual del Partido Justicialista, se negara a poner en marcha todas o algunas de esas exigencias, ellos podrían optar por presentarse por fuera de la organización política del peronismo.
Kirchner podría encontrarse con la novedad que menos le gusta: la unidad de sus adversarios. El gobierno atraviesa, al mismo tiempo, el período más intenso de denuncias de corrupción desde que los Kirchner accedieron al poder. Los negocios con Venezuela son el centro del escándalo.
La oposición, en ese sentido, debería ser más prudente. Una comisión investigadora parlamentaria en estos momentos podría abrirle al kirchnerismo las puertas para fugarse ampliando aún más la sombra del escándalo. De hecho, ya han trascendido supuestos vínculos de Julio Cobos y de Jorge Obeid, ex gobernadores de Mendoza y de Santa Fe, respectivamente, con algunos personajes del escándalo.
Elisa Carrió nunca puso un dedo en el fuego por Cobos y su entorno se regodea con posibles pecados del vicepresidente. Sin embargo, la prioridad de ella son los Kirchner. Pongamos las cosas en claro: hay una diferencia abismal entre las conexiones de Cobos y Obeid, y las que tienen y tuvieron Kirchner y De Vido con Venezuela. Nos estamos prestando a prácticas funcionales al kirchnerismo , tronó Carrió, que aceptó firmar ese proyecto sobre la comisión investigadora al borde del documento, a regañadientes y en el último minuto. Carrió y no pocos dirigentes opositores confían en la gestión del juez Julián Ercolini.
La oposición podría ocuparse, por ejemplo, de Guillermo Moreno, que cambió la política de comercio exterior de la Argentina sólo con unos cuantos llamados telefónicos. Prohibir la importación de alimentos, a golpes de orilleras presiones, podría significar un serio problema para la industria alimenticia argentina, que exporta gran parte de su producción. El mundo toma represalias en estos casos. El peor mensaje de Moreno es que la Argentina no tiene reglas, ni claras ni oscuras. No las tiene, directamente. Moreno expresa el miedo como última herramienta política de la diarquía gobernante. Otros también. Aníbal Fernández, De Vido y su operador Roberto Baratta están llamando a cada uno de los empresarios de la poderosa AEA para obligarlos a desafiliarse. ¿Qué hizo AEA? Desacató al kirchnerismo cuando lo visitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Quizás se terminen yendo de AEA tres o cuatro grandes empresarios; no son muchos, pero lo que le interesa al kirchnerismo es golpear sobre su imagen.
Es también una presión indirecta sobre la Corte Suprema, que se ha convertido en el último refugio institucional para garantizar la libertad, la única conquista en condiciones de exorcizar el miedo.
domingo, 9 de mayo de 2010
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
sábado 8 de mayo de 2010
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Laura Serra
LA NACION
En vísperas de la cumbre entre la presidenta Cristina Kirchner y los gobernadores para hablar de la distribución de los recursos, el caso de Santa Cruz promete despertar polémica: el cierre del ejercicio presupuestario 2009 demuestra que la provincia del matrimonio presidencial figura entre las cinco que más fondos recibieron de los programas que el Gobierno administra de forma discrecional.
Recibió 1054 millones de pesos por distintos planes (obras, transferencias y subsidios), en rango casi idéntico al de provincias de mucha mayor población y envergadura económica, como Córdoba y Santa Fe. El contraste se hace más notable cuando se analizan los recursos discrecionales per cápita que recibe Santa Cruz. En ese ranking no tiene competencia: llegaron 4583 pesos por habitante, mientras que Buenos Aires obtuvo 276; Córdoba, 313, y Santa Fe, 356.
Las cifras surgen de un reciente trabajo realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre la base de distintos programas de manejo discrecional contenidos en los ministerios de Planificación Federal, Educación, Desarrollo Social, Interior, Salud, Trabajo y en las partidas Obligaciones a cargo del Tesoro y de Vialidad Nacional.
De ese estudio, Santa Cruz surge como una provincia privilegiada dentro del elenco nacional. Y se nota, especialmente, entre los distritos de similares características económicas y poblacionales. En efecto, mientras la provincia de los Kirchner percibió el año pasado 1054 millones de pesos en concepto de recursos discrecionales, Chubut logró 730 millones (1569 pesos per cápita); Neuquén, 287 millones (515 pesos per cápita), y Tierra del Fuego, 145 millones (1121 pesos per cápita). Esta misma iniquidad se observa en el reparto de los recursos coparticipables o automáticos (de lo que se informa por separado).
"En Cippec estimamos que poco más del 20% del presupuesto puede asignarse geográficamente con cierto grado de discrecionalidad. La arbitrariedad en estas partidas es muy heterogénea; hay programas que se distribuyen muy equitativamente. Pero otras partidas, como las Obligaciones a cargo del Tesoro o las inversiones de Vialidad, han ganado mala fama por su injusta distribución", dijo Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de Cippec y autora del informe.
Uno de los rubros en los que más se nota el privilegio a Santa Cruz es el de construcción de rutas: la provincia recibió, en 2009, 531 millones de pesos y quedó segunda en el ranking, detrás de Buenos Aires (554 millones). Muy lejos se ubican Córdoba, con 247 millones, y Santa Fe, con 300 millones.
La condición de favorita que goza la provincia de los Kirchner no deja de sorprender a legisladores de la oposición que vienen haciendo un seguimiento del presupuesto. Por caso, el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), presidente de la Comisión de Finanzas, advirtió que entre 2006 y 2008 Santa Cruz embolsó 3148 millones de pesos en concepto de transferencias discrecionales, el 8,6% sobre el monto global. "Recibió siete veces más en materia de recursos discrecionales respecto de su índice de coparticipación, que es del 1,5%. Embolsó alrededor de 1000 millones de pesos por año, cuando por su índice de coparticipación debió haber percibido unos 200 millones", puntualizó.
Y añadió: "El Gobierno maneja una masa enorme de transferencias discrecionales a las provincias. Debemos apuntar hacia un federalismo fiscal en serio, en el que bajen los giros discrecionales y aumenten los automáticos".
Junto con Walter Agosto (PJ Federal-Santa Fe), legislador que responde a Carlos Reutemann, Prat-Gay presentó una batería de iniciativas para eliminar el carácter discrecional de los giros: la coparticipación plena del impuesto al cheque, que incluye una rebaja a la mitad de la alícuota que pagan las micro y pequeñas empresas, y la devolución a las provincias de los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que acumularon en los últimos años 10.000 millones de pesos. "Son recursos que hoy utiliza la Nación para financiarse a tasa cero, cuando se trata de fondos que les pertenece a las provincias", afirman.
Asimismo, la Coalición Cívica impulsará una iniciativa para modificar el sistema de reparto del Fondo Federal Solidario (conocido como el fondo sojero).
El proyecto propondrá que, en lugar de distribuir esos recursos entre las provincias por medio de obras públicas, como establece el actual sistema, se giren los recursos corrientes respectivos. "De esa manera, priorizamos las urgencias financieras de las provincias y el pago de sueldos", afirma Prat-Gay.
Publicado por Héctor Antonio en 16:53 0 comentarios
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Laura Serra
LA NACION
En vísperas de la cumbre entre la presidenta Cristina Kirchner y los gobernadores para hablar de la distribución de los recursos, el caso de Santa Cruz promete despertar polémica: el cierre del ejercicio presupuestario 2009 demuestra que la provincia del matrimonio presidencial figura entre las cinco que más fondos recibieron de los programas que el Gobierno administra de forma discrecional.
Recibió 1054 millones de pesos por distintos planes (obras, transferencias y subsidios), en rango casi idéntico al de provincias de mucha mayor población y envergadura económica, como Córdoba y Santa Fe. El contraste se hace más notable cuando se analizan los recursos discrecionales per cápita que recibe Santa Cruz. En ese ranking no tiene competencia: llegaron 4583 pesos por habitante, mientras que Buenos Aires obtuvo 276; Córdoba, 313, y Santa Fe, 356.
Las cifras surgen de un reciente trabajo realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre la base de distintos programas de manejo discrecional contenidos en los ministerios de Planificación Federal, Educación, Desarrollo Social, Interior, Salud, Trabajo y en las partidas Obligaciones a cargo del Tesoro y de Vialidad Nacional.
De ese estudio, Santa Cruz surge como una provincia privilegiada dentro del elenco nacional. Y se nota, especialmente, entre los distritos de similares características económicas y poblacionales. En efecto, mientras la provincia de los Kirchner percibió el año pasado 1054 millones de pesos en concepto de recursos discrecionales, Chubut logró 730 millones (1569 pesos per cápita); Neuquén, 287 millones (515 pesos per cápita), y Tierra del Fuego, 145 millones (1121 pesos per cápita). Esta misma iniquidad se observa en el reparto de los recursos coparticipables o automáticos (de lo que se informa por separado).
"En Cippec estimamos que poco más del 20% del presupuesto puede asignarse geográficamente con cierto grado de discrecionalidad. La arbitrariedad en estas partidas es muy heterogénea; hay programas que se distribuyen muy equitativamente. Pero otras partidas, como las Obligaciones a cargo del Tesoro o las inversiones de Vialidad, han ganado mala fama por su injusta distribución", dijo Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de Cippec y autora del informe.
Uno de los rubros en los que más se nota el privilegio a Santa Cruz es el de construcción de rutas: la provincia recibió, en 2009, 531 millones de pesos y quedó segunda en el ranking, detrás de Buenos Aires (554 millones). Muy lejos se ubican Córdoba, con 247 millones, y Santa Fe, con 300 millones.
La condición de favorita que goza la provincia de los Kirchner no deja de sorprender a legisladores de la oposición que vienen haciendo un seguimiento del presupuesto. Por caso, el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), presidente de la Comisión de Finanzas, advirtió que entre 2006 y 2008 Santa Cruz embolsó 3148 millones de pesos en concepto de transferencias discrecionales, el 8,6% sobre el monto global. "Recibió siete veces más en materia de recursos discrecionales respecto de su índice de coparticipación, que es del 1,5%. Embolsó alrededor de 1000 millones de pesos por año, cuando por su índice de coparticipación debió haber percibido unos 200 millones", puntualizó.
Y añadió: "El Gobierno maneja una masa enorme de transferencias discrecionales a las provincias. Debemos apuntar hacia un federalismo fiscal en serio, en el que bajen los giros discrecionales y aumenten los automáticos".
Junto con Walter Agosto (PJ Federal-Santa Fe), legislador que responde a Carlos Reutemann, Prat-Gay presentó una batería de iniciativas para eliminar el carácter discrecional de los giros: la coparticipación plena del impuesto al cheque, que incluye una rebaja a la mitad de la alícuota que pagan las micro y pequeñas empresas, y la devolución a las provincias de los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que acumularon en los últimos años 10.000 millones de pesos. "Son recursos que hoy utiliza la Nación para financiarse a tasa cero, cuando se trata de fondos que les pertenece a las provincias", afirman.
Asimismo, la Coalición Cívica impulsará una iniciativa para modificar el sistema de reparto del Fondo Federal Solidario (conocido como el fondo sojero).
El proyecto propondrá que, en lugar de distribuir esos recursos entre las provincias por medio de obras públicas, como establece el actual sistema, se giren los recursos corrientes respectivos. "De esa manera, priorizamos las urgencias financieras de las provincias y el pago de sueldos", afirma Prat-Gay.
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